Todas las actividades

El pacto por la cultura, el arte y el deporte se basará en la promoción de los bienes comunes de la producción cultural del país, de las prácticas de los espacios de creación y recreación, circulación y disfrute y la felicidad como base para el bienestar, la reconciliación, el reconocimiento intercultural y la construcción de ciudadanías libres y sensibles para el crecimiento económico.Democratizaremos el espacio público como un escenario de democratización y encuentro de la diversidad cultural del país, habilitando corredores culturales para la circulación de artistas populares lejos de la persecución y la criminalización. Reconoceremos el valor de los y las artistas como sujetos creativos y deliberativos, concertando espacios de participación con las comunidades. Fortaleceremos espacios culturales academias de artes y oficios, festivales de arte y cultura, carnavales, entre otros. Apoyaremos las expresiones culturales y deportivas dinamizadas por la juventud a través de las músicas populares, el hip hop y el rock, el teatro, la danza, el muralismo, la bicicleta, las prácticas futboleras, deportes extremos y las nuevas tendencias, entre otras múltiples actividades.El arte popular será vinculado de manera estratégica a ofertas, planes y corredores de la política de turismo cultural, creativo y recreativo como apuesta para promocionar nuestros territorios y valoración de las prácticas tradicionales y patrimoniales.Facilitaremos los procesos de convalidación de saberes y conocimientos en conexión con el sistema educativo, así como la formación para mejorar la preparación de artistas y cualificar oferta de las industrias culturales en todo el país. Los emprendimientos culturales y de impacto comunitario serán promovidos con financiamiento público y nos comprometeremos con la canalización de recursos mixtos y privados nacionales e internacionales para fortalecer las industrias culturales locales, así como con su proyección internacional. Se fortalecerá la red pública de canales y medios regionales para la producción y difusión de contenidos culturales de alta calidad, enfatizando en las radios públicas y comunitarias. Apoyaremos a los artistas en creación de contenidos para las plataformas digitales como estrategia para la dinamización de la creatividad, impulsando sectores estratégicos como la industria cinematográfica nacional, promoviendo el empleo cultural y los procesos de afirmación identitaria. Impulsaremos una gran movilización alrededor del deporte, la actividad física y la recreación, de la vereda y el corregimiento a todo el territorio nacional, dirigida a mejorar el uso del tiempo libre, a promocionar la vida saludable y la competencia sana orientada a la solución pacífica de conflictos, la generación de empleo alrededor de las escuelas deportivas y el desarrollo de nueva infraestructura.

El Trabajo: derecho fundamental, fuente de la riqueza y la libertad. Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales.Defenderemos que el Salario Mínimo cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital. Empleo garantizado, hacia un nuevo pacto social. La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado, a las acciones en el marco de la emergencia climática o a las vocaciones juveniles, donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos. En concordancia con el Objetivo 8 de los objetivos de Desarrollo Sostenible cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado.El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios. La aplicación contra cíclica del programa creará un sector laboral que podrá variar de acuerdo con las necesidades del ciclo económico, aumentándose durante las recesiones o contrayéndose durante las expansiones. Se mantendrá un stock amortiguador de empleados para acercar la economía al pleno empleo sin comprometer la estabilidad de precios. La iniciativa privada proveerá la fuerza laboral mediante procesos de asociación comunitaria y el Estado promoverá, además, la formación integral de las personas beneficiadas a través del SENA. El Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten, e implementará programas de convivencia ciudadana, que vinculen personal para realizar actividades orientadas a la reducción de la violencia y la delincuencia; para lo cual se promoverán cambios en la ley de contratación que permitan la oferta de bienes y servicios de la economía social y popular. El Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales. Empleo para las mujeres: Los programas de empleo público permitirán superar las barreras de acceso y movilidad laboral u ocupacional que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, por discriminaciones debido a su género, edad, pertenencia étnica, nivel educativo o socioeconómico, brindando oportunidades de formación y cualificación. Se reconocerán, y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20% de PIB y es realizado en un 81% por mujeres, para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar, el Estado, el mercado y el sector comunitario.La brecha salarial en razón de género muestra una dimensión de la desigualdad social, por tanto, su cierre se debe promover con políticas públicas de igualdad de salarios de hombres y mujeres que tengan los mismos niveles educativo y ocupación laboral, tanto en el sector público como en las empresas privadas.El trabajo como derecho en la era digital. El teletrabajo y trabajo en casa será regulado de manera que se preserven los derechos laborales de las y los trabajadores, con dotaciones adecuadas, y verificación de condiciones de salud en el trabajo. El acceso al mínimo vital de conectividad será reglamentado por el Estado, para garantizar hogares conectados, así como un programa de ampliación del acceso a conectividad en el nivel rural y urbano. Las jornadas dedicadas al trabajo remunerado, deberán reconciliarse con las jornadas del trabajo del hogar, la vida social, el estudio y el descanso, por lo que es posible que el incremento de productividad en los hogares permita reducir la jornada laboral para este tipo de trabajo.Regularemos los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar

Como Potencia Mundial de la Vida, Colombia permitirá el disfrute respetuoso de su vastísimos paisajes, cultura y riqueza natural a toda la humanidad, enseñando al resto del mundo las prácticas de relacionamiento armónico con el medio que nos rodea. El turismo de naturaleza, comunitario, cultural, de salud, científico, entre otros, será protagonista en la transición económica, como uno de los mayores generadores de bienestar económico y social local. Aprovecharemos la capacidad de este sector como fuente de divisas con bajo impacto negativo en la balanza de pagos y estableciendo las medidas necesarias teniendo en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades locales, en línea con la Organización Mundial del Turismo.Incentivaremos la asociatividad, la acción comunitaria y solidaria para democratizar un turismo que esté plenamente comprometido con el ambiente y la cultura local, impulsando la cohesión de la sociedad colombiana en toda su diversidad y fomentando el diálogo intercultural, reduciendo el impacto negativo y contribuyendo a la generación de ingresos y empleo para la población local. El Estado acompañará a los entes territoriales y a las formas asociativas comunitarias para asegurar la prosperidad, equidad, relación armónica con la naturaleza y el y enriquecimiento del patrimonio de la nación. Fortaleceremos la base económica- productiva necesaria de los municipios que profundice la autonomía, aprovechando sus potencialidades y buscando reducir las principales desproporciones entre ellos.

Proponemos un pacto con las economías populares que permita recuperar la confianza en el Estado y construir una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos dos tercios de la población económicamente activa, que realiza su trabajo en la llamada informalidad, de los cuales el 80% trabaja por cuenta propia, principalmente en actividades que no les permiten ganar ni siquiera un salario mínimo mensual. El Estado reconocerá a estos trabajadores que producen valor social y económico sobre la base de la garantía de derechos. La política pública será construida mediante procesos de concertación directa con las y los trabajadores de la economía popular. El Estado respetará sus formas organizativas garantizando una participación vinculante, con consecuencias administrativas, regulatorias y presupuestales. Los oficios de la economía popular y sus aportes a la economía nacional serán reconocidos, caracterizados, y visibilizados dentro de las cuentas nacionales. Fortaleceremos la institucionalidad para la promoción y el fortalecimiento de la economía popular con el objetivo de constituir alianzas público-populares para la colaboración entre el Estado, las organizaciones comunitarias y territoriales y las y los trabajadores. El Estado en realizará compras de bienes y servicios a las organizaciones de la economía popular, mediante procesos de contratación directa y bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. Crearemos líneas especiales de microcrédito y crédito condonable para las organizaciones de la economía popular, con líneas especiales de financiación y mediante exigencia de requisitos y garantías flexibles y/o con el respaldo del Estado. Articularemos las tiendas populares de manera asociativa al sistema de microcrédito público. El sistema financiero público al lado de una banca cooperativa reemplazará el gota a gota y proveerá alternativas a la banca privada para los actores de la economía popular. Así, salvaguardaremos la pervivencia a las y los tenderos, hoy amenazados por las grandes superficies. Se promoverá la formación de las y los trabajadores de la economía popular a través del SENA, así como la formalización y reconocimiento de sus oficios para fortalecer la capacidad organizativa, técnica y productiva de la economía popular y así garantizar su crecimiento y sostenibilidad, promoveremos acuerdos asociativos de compra de insumos y encadenamientos productivos hasta la demanda final. Se les dará primacía como los proveedores de bienes y servicios para la administración pública y las empresas privadasGarantizaremos el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía popular, crearemos un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados, y la situación de los y las trabajadoras de la economía popular será considerada en todos los programas estatales.

El Estado ejercerá sus funciones de liderazgo para impulsar un proceso de industrialización democrático y responsable, que sea capaz de generar capacidades para el aumento de productividad, el empleo, los ingresos y los encadenamientos productivos necesarios para una transición social y ecológica que estimule la producción de y para la vida.Crearemos una política de aranceles inteligentes que estimule la vida, la generación de valor agregado, la competitividad y la industria nacional. Se eliminarán gradualmente los aranceles en insumos, bienes y servicios que cumplan estas condiciones y se aumentarán donde afecten ese valor agregado, como mecanismo de defensa comercial de los sectores productivos vulnerables a la competencia desleal con importaciones subsidiadas. El medidor de eficacia de los aranceles será la generación de empleo en el país. La política de aranceles será diseñada, implementada y evaluada de acuerdo con el criterio principal de mantener e incrementar la fuerza de trabajo nacional y preservar la vida. Esto estará acompañado de una inversión robusta en ciencia, tecnología e investigación, así como en el sistema educativo, especialmente en la educación universitaria, técnica y tecnológica para el impulso de la innovación y la capacitación de la fuerza laboral, y el aumento de la productividad con base en las necesidades del proceso de industrialización nacional.Aprovecharemos nuestra inversión en educación y en tecnologías digitales para lanzar a Colombia como un exportador de servicios profesionales de alta calidad en áreas como telemedicina, programación y servicios contables. Produciremos excelentes profesionales para aprovechar las oportunidades de acceso con éxito a la revolución tecnológica en curso les ofrece oportunidades de ser acceder con ́éxito a los mercados mundiales.Se establecerán las posibilidades para una industria productora de bienes sin obsolescencia programada, de vehículos eléctricos, de productos farmacéuticos nacionales y se posibilitará la exportación de energía mediante el uso de las tecnologías e hidrógeno verde.Pactaremos con el sector industrial del país la creación del Ministerio de la Industria, cuya función será primordialmente la de diseñar e implementar políticas para mantener, incrementar y mejorar la productividad en la economía.Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales. Convertiremos a Colombia en un país líder en exportacionesPromoveremos una política de compras públicas como instrumento del Estado para incentivar a empresas productoras y empleadoras radicadas en el país. Iniciaremos un plan de transformación de la infraestructura nacional que aumente la competitividad de la industria colombiana a través del aprovechamiento de las necesidades del comercio mundial para la satisfacción de las necesidades nacionales y regionales, a partir de las ventajas derivadas de la privilegiada posición geopolítica de Colombia. Esto incluirá la construcción de una red ferroviaria eléctrica en el país sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial que sean complementarias al canal de Panamá para posibilitar su financiación y sostenimiento, así como las del piedemonte llanero hasta el Caribe. Recuperaremos la navegabilidad sostenible de nuestros ríos. Se aumentará la capacidad aeroportuaria de los terminales con mayor aumento del número de turistas internacionales en los próximos diez años, se revitalizará y ampliaran los servicios la empresa SATENA, para interconectar las diferentes zonas del país.Se fomentará el desarrollo de plataformas logísticas especializadas (intermodales Férreo- Carretero-Fluvial) que mejoren los tiempos y procesos logísticos y disminuyan costos, para mejorar la competitividad del país. En nuestro gobierno impulsaremos el desarrollo de los modos de transporte férreo y fluvial, se adoptará una normatividad y reglamentación ajustada a los estándares internacionales vigentes, se creará la institucionalidad necesaria para la planificación, operación, mantenimiento y sostenibilidad y se adoptarán instrumentos de financiación para apalancar inversiones en infraestructura y equipamientos de transporte de estos modos, así como para el mantenimiento y actualización de las existentes.Construiremos nuevas vías terciarias y haremos mantenimiento a las ya existentes para el soporte de todo el sistema agroalimentario para el mercado interno y la promoción de exportaciones agropecuarias. Rediseñaremos la logística del sistema agroalimentario con la construcción de centros de acopio, provisión de bienes públicos e incluso el capital y la infraestructura necesaria para el valor añadido a los productos agroalimentarios en asocio con cooperativas y asociaciones de productores; un sistema que permita racionalizar y planificar toda la cadena de producción de la vereda a la mesa y al puerto.Se impulsarán en todo el país sistemas públicos de movilidad con energías limpias y tarifas al alcance de la gente. Promoveremos con las gobiernos distritales y municipales incentivos al uso de los medios más eficientes y de menores emisiones, en transporte público implementación de proyectos de metro, trenes interurbanos, trenes regionales, buses y taxis eléctricos, sistemas inteligentes de transporte, así como promoción y ampliación de las alternativas de movilidad activa: caminar e ir en bicicleta y en otros medios de micromovilidad, así como la prioridad en el uso de la infraestructura vial en los períodos pico para los desplazamientos cotidianos en el transporte público.

Construir la soberanía alimentaria y materializar el potencial para la vida del campo colombiano requiere a partes iguales protección inteligente y fomento, dos caras de la misma moneda. Crearemos una política de aranceles inteligentes a bienes e insumos agroalimentarios y agroindustriales, al tiempo que se estimula la producción nacional, para aumentar la productividad y el trabajo en el campo. Dejaremos de importar millones de toneladas en alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor. Superaremos el rol de exportadores netos de bienes de la economía extractivista como el carbón y el petróleo y del monocultivo extensivo, para pasar a une economía agraria e industrial intensiva en conocimiento con enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas de valor añadido. Serán de especial atención las cláusulas de protección a la inversión de estos tratados que atentan contra productividad, el empleo y la naturaleza. Transitaremos hacia una matriz productiva basada en la agroecología y la producción campesina agroalimentaria, que supere el mito de la revolución verde. Atendiendo a la crisis mundial del comercio y en particular del precio de los insumos agropecuarios, en el corto plazo buscaremos la recuperación productiva de Monómeros y Ferticol y el desarrollo de una industria nacional de fertilizantes e insumos. Dicha industria estará diseñada para convertirse en la base de la transición agroecológica que libere a la tierra y los campesinos de los agrotóxicos e insumos que destruyen los ecosistemas y tienen rendimientos decrecientes, necesitando cada vez más producto para la misma producción y encareciendo los costos. Protegeremos y fomentaremos las semillas nativas y criollas libres como pilar fundamental de la soberanía alimentaria y la resiliencia biodiversa del sistema agroalimentario. Promoveremos un sistema nacional de innovación agropecuaria que considere el diálogo intercultural entre saberes ancestrales, territoriales y el conocimiento científico en materia de agroecología, y especialmente del manejo del agua para la agricultura. Reconstruiremos y potenciaremos la institucionalidad agropecuaria, especialmente aquella relativa a los procesos de mejoramiento y adecuación de tierras, distritos de riego, financiamiento, mercadeo, comercialización y articulación y monitoreo del abastecimiento del sistema agroalimentario de consumo local. Enfrentaremos los ciclos volátiles de precios generados por fallas de mercado, falta de regulación estatal y ausencia de una institucionalidad que permita la planificación de siembras. Transitaremos hacia un sistema agroalimentario de circuitos cortos de producción y consumo, potenciando y modernizando economías campesinas haciendo uso de la tecnología y el diseño de mercado para suplir las necesidades nutricionales de los colombianos de la vereda a la mesa. Fomentaremos iniciativas de cinturones agroalimentarios en las ciudades, transitando hacia una agricultura campesina eficiente y con criterios ambientales. La asociatividad y el cooperativismo en el campo será la base para el desarrollo agropecuario del país. La institucionalidad financiera para el fomento del agro potenciará las iniciativas público-populares con los pequeños y medianos productores para construir centros de acopio y bienes públicos necesarios para la transformación agroindustrial y el desarrollo de cadenas de valor agregado, tanto para la soberanía alimentaria como para la exportación. Entre otros, el maíz, arroz, trigo, papa, aguacate, plátano, yuca, soja, sorgo, ñame, tomate, café y cacao se convertirán en productos líderes de las cadenas de valor de propiedad de los productores bajo sus formas la formas asociativas y cooperativas. Especial impulso recibirá la cadena de valor del cannabis, en manos de los productores, articulando industria y conocimiento, así como la diversificación de usos en el campo de la medicina, los textiles y alimentos, entre otros. Transitaremos hacia un tipo de pesca que dé prioridad a los pescadores locales y cuyos impactos no resquebrajen los ecosistemas de agua dulce y salada.

La Investigación básica y aplicada será financiada por el Estado para potenciar su papel en la innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad.El SENA diseñará currículos de programas técnicos bajo el concepto de módulos basados en las funciones productivas, certificará y reconocerá la capacidad para el desempeño de quienes aprueben programas ocupacionales completos. Se rescatará el sentido original del contrato de aprendizaje como mecanismo para la formación profesional, y no como instrumento de precarización laboral de los jóvenes. Generaremos alternativas económicas para garantizar la etapa productiva en el ciclo de formación de todos los aprendices, incluyendo a los trabajadores de las economías populares.El SENA reconocerá e incluirá los saberes, prácticas, rituales, territorios, autoridades, organizaciones y demás características de las economías populares, y sobre tal base apoyará su fortalecimiento productivo, organizativo y comunitario. La protección del conocimiento de las comunidades será fundamental en el proceso de reconocimiento social, político y productivo de las economías populares. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) será el instrumento para lograr la articulación, en el nivel local y regional, entre universidades, empresarios, comunidades y entidades públicas, de manera que se estimule el mejoramiento de la productividad, a partir del reconocimiento del contexto y potencialidades territoriales. Como cabeza del sistema el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación orientará la política de CTI y asegurará su robusto financiamiento. Se fortalecerán y consolidarán los Sistemas Regionales de Innovación.Impulsaremos una gran misión para el reconocimiento de nuestra diversidad natural, cultural, territorial, que articule las ciencias y los saberes diversos para sustentar una Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Promoveremos la adecuada coordinación de la política macroeconómica y monetaria, no solamente en función del crecimiento sino también del empleo, como ha ordenado la Corte Constitucional. A la luz de lo anterior, se buscará un desarrollo de la estabilidad macroeconómica al servicio de la ciudadanía, lo que implica un enfoque integral y funcional de las finanzas, donde el empleo, la distribución y las fuentes de crecimiento tengan la misma importancia que el pago de la deuda y el control de la inflación. Se tendrá un diálogo permanente con el Banco de la República respetando su real independencia, esto será clave en la búsqueda de una política monetaria incluyente, fundamental para superar la crisis.Articulado a esto se potenciará la banca pública de primer piso no solo como intermediaria financiera, sino como patrocinadora de modelos de negocio cuya rentabilidad supere los costos del capital compuestos por la tasa de interés y los impuestos, la justicia social y ambiental favoreciendo la micro, pequeña y mediana empresa, la economía popular, urbana y rural, generadoras de la mayor parte del empleo nacional, liberando a la población de tener que recurrir al denominado “gota a gota¨Fortaleceremos las herramientas de financiamiento por parte del Estado, que junto al logro de economías de escala nos permitirán eliminar las barreras de acceso al crédito y prestar respaldo patrimonial frente a contingencias frecuentes asociadas al microcrédito.Se aprovechará la unificación de las diferentes entidades financieras del Estado bajo un mismo holding financiero, para lograr economías de escala, eficiencia administrativa y operacional, así como mayor impacto por cuenta de un patrimonio técnico más robusto. La integración de las entidades crediticias públicas en una sola implicará mayor capacidad de préstamo, menores costos administrativos optimizando procesos bajo el esquema de Multibanca al que se han plegado los bancos privados desde finales del siglo pasado.La banca pública potenciará sus nichos de clientes, mercados objetivos y líneas de negocio mediante sinergias y mayor cobertura, de tal suerte que irriguen el necesitado crédito en las regiones descentralizadas de Colombia y en sectores que, profesionalizando su plan de negocio con la compañía de la Multibanca Estatal, crezcan más, perduren en el tiempo y puedan involucrarse en las cadenas de valor del mercado local e internacional. Así mismo, tendrá un papel fundamental en la transición energética con diversos mecanismos de financiación como la colateralización de los bienes en manos de las agencias de manejo de activos de la mafia, entre otros.Se enfatizará en la vocación pública y social de esta nueva entidad crediticia para potenciar el crédito a aquellas unidades empresariales que no han tenido acceso al mismo, frenando sus capacidades en generación de empleo y bienestar.

El espacio virtual es un nuevo escenario donde circulan y se producen los intercambios sociales de todo tipo, incluyendo el comercio y el saber. Mejorar la conectividad de la población en todo el país, es una precondición para la generación de riqueza y bienestar en el marco de una sociedad glocal en rápida transformación, que exige saberes y formas innovadoras y colaborativas para una producción en sintonía con los desafíos sociales y ambientales. Una sociedad más y mejor conectada: Lograr una mayor y mejor cobertura en términos de conectividad en todo el territorio nacional, requiere de la obtención de un satélite y una agencia aeroespacial que lo administre. Estableceremos un plan de expansión de fibra óptica para llevar internet con gratuidad y hacer la transformación digital a nivel nacional, con prioridad en las zonas rurales, impulsando las redes comunitarias y a los pequeños prestadores del servicio de internet en los pueblos. Impulsaremos el uso del software libre y las tecnologías emergentes tanto en el sector público como el privado a nivel nacional (metaverso, blockchain, conectividad 5G, inteligencia artificial, machine learning, drones, realidad virtual, realidad aumentada, telesalud, etc.).Promoveremos formación y laboratorios digitales en las diferentes regiones del país, para la generación de conocimiento y aprendizaje basado en la experiencia. La política de industria digital será herramienta para la productividad, la generación de empleo y de ingresos para empresas actuales y nuevas en diferentes sectores. Fomentaremos la ampliación de los espacios físicos para el trabajo colaborativo (coworking) en el campo y la ciudad. Impulsaremos una sociedad de la información y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías para apoyar las comunicaciones y los distintos procesos productivos en el sector público y privado.

Impulsaremos una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación social y espacial; retomaremos los avances locales en la construcción de ciudades humanas, verdes, incluyentes y productivas y propenderemos para que los gobiernos locales mejoren su base fiscal, con base en instrumentos para la equidad frente a obligaciones urbanísticas y distribución de cargas y beneficios. Fomentaremos los instrumentos de integración regional particularmente alrededor de temas sustanciales como la gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, así como cierre de brechas campo ciudad.Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en de instrumentos de financiación enfocados a la equidad en materia de obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución de cargas y beneficios. Se aplicarán los mecanismos jurídicos disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y mejorar las fuentes de financiación con base en la movilización de plusvalías. Activaremos un plan nacional de convergencia, en términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos donde se concentra la pobreza y la integración regional se hará alrededor del agua, la dinamización del transporte multimodal para una economía productiva y el cambio de la matriz energética. Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.Se pondrá en marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales y comunitarias para la legalización, el mejoramiento integral de barrios y viviendas, la adaptación al cambio climático y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad.La política urbana nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes. La democratización de la ciudad implica crear todas las condiciones de protección a la economía popular, en el marco de lo cual, entre otras, cesará la persecución policial a los trabajadores informales, quienes de forma organizada accederá a procesos de formación y fortalecimiento y participarán de forma vinculante en la construcción de la política del espacio público. La policía como órgano civil de la sociedad, actuará en primera instancia con herramientas de carácter pedagógico.

Avanzaremos hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua a través de una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental. Garantizaremos el derecho a la tierra para las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitaremos la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos.Impulsaremos la conexión de las unidades de producción con los centros de comercio y exportación y garantizaremos el acceso a bienes y servicios públicos que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos entre los campos, las ciudades y el mundo. Las mujeres rurales serán las protagonistas de la transformación. Priorizaremos la titulación de tierra a nombre de las mujeres rurales que han sido históricamente las guardianas de las semillas, el agua, la tierra y la vida.Como herramienta estratégica de la reforma agraria, realizaremos el catastro multipropósito con base en el cual desincentivaremos el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y orientaremos la distribución equitativa de la tierra. Estimularemos el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva, especialmente la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Esto responderá a principios de pertinencia en cada subregión, siguiendo los criterios ambientales y de uso adecuado del suelo establecidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el marco de políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua. En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales. La tierra más fértil del país generará empleo para millones de familias desplazadas de sus tierras, cooperativas de productores agrarios y demás actores rurales. Seremos una potencia agrícola, para que nunca más haya hambre en nuestro suelo.Transitaremos hacia el financiamiento de las entidades territoriales más allá de las regalías del extractivismo, a partir de recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas que serán destinadas a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales que mejoren las condiciones de vida de la población rural. Adelantaremos la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas, se fortalecerán los encadenamientos productivos generando valor agregado a través de la transformación y la comercialización efectiva sin intermediación mediante la combinación de compras públicas, inserción en los circuitos de mercadeo local, regional, nacional e internación, con base en la asociatividad, el cooperativismo, la asistencia técnica y acceso a crédito barato.Avanzaremos en una estrategia de sustitución de tierras y economía en los territorios cooptados por las economías ilegales como mecanismo fundamental para lograr una economía productiva, alcanzar la soberanía alimentaria, superar la violencia, proteger la naturaleza y entrar en una era de paz.

Transitaremos a un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximice la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos que permitan el mayor aprovechamiento posible tanto del material orgánico como inorgánico, a pequeña y gran escala, en espacios lo más próximos a la generación, en un círculo virtuoso productividad, economía popular, trabajo y protección ambiental. Se avanzará en el cierre de los botaderos a cielo abierto en todo el país.Se impulsarán parques tecnológicos de aprovechamiento de residuos mediante alianzas público-populares. Se realizará una reglamentación del servicio público de aseo que favorezca la baja de tarifas a usuarios, el aprovechamiento por rama de residuos, y el fortalecimiento de la competencia de inspección, vigilancia y control en cabeza de las entidades territoriales y la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios. Impulsaremos el desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento. Se prohibirán los plásticos de un solo uso.Se garantizará la protección constitucional de la población recicladora de oficio, mediante acciones afirmativas, la formalización laboral en su calidad de trabajadores, y el fortalecimiento de la economía popular y como protagonistas de la lucha contra el cambio climático.

Haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva. Nuestro gobierno sentará las bases de esta transición mediante un desescalamiento gradual del modelo extractivista y garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético, las fuentes de empleo y los recursos económicos provenientes del sector. Un modelo de transición energética incluyente y justo para la gente. Se instaurará un modelo energético de acceso universal, justo e incluyente donde el usuario final será protagonista activo de la cadena energética del país, y la energía sea asumida como un bien común orientado al impulso de la productividad y la protección de la naturaleza y el buen vivir de la población colombiana. Se garantizará la vinculación activa con capacitación y financiamiento público de las comunidades, los pequeños productores, cooperativas y las ciudadanías en general en la generación, distribución, acceso y aprovechamiento de las energías limpias y eficientes, permitiendo con ello tarifas más bajas, la reducción de costos de producción y la renta por venta de excedentes energéticos. Este modelo abrirá las puertas a una participación incidente de la sociedad en el esquema institucional del sector energético tanto en la planeación, como en la regulación y vigilancia, con el fin de enfrentar los efectos negativos de la posición dominante de los grandes actores y de profundizar la democratización del sector. Nuestro gobierno fortalecerá la investigación, la ciencia y la tecnología, fomentaremos el desarrollo de programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgradual orientados a transición energética, generando capacidades para asumir las oportunidades laborales que brindará dicha transición. Para asegurar la universalización del servicio público energético y la eficiente operatividad del nuevo modelo, se impulsarán plataformas digitales que permitan la gestión de la energía en la cadena productiva. Garantizaremos el incremento de la eficiencia energética, mediante el impulso a la reconversión tecnológica y los sistemas de gestión de la energía en los procesos productivos e industriales y en los medios de transporte, con el fin de sustituir los combustibles de origen fósil. Reemplazaremos el parque automotor público e incentivaremos el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga. Se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías y aquellos provenientes de la eliminación de algunos beneficios tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctricas. Promoveremos dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad, financiable con la obtención de dividendos por absorción con carbono, la obtención de compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y la imposición de gravámenes sobre la comercialización de productos altamente intensivos en dióxido de carbono para lograr la descarbonización de las economías. Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición, permanecerá como patrimonio de los colombianos para garantizar los combustibles que el país requiere por los próximos 15 años, hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, apoyarintegralmente la investigación, ciencia y desarrollo de tecnologías para la transición hacia energías limpias y contribuirá con impuestos, regalías y dividendos al Estado. Crearemos el Instituto Nacional de Energías Limpias. Fuentes de energía para la vida. En nuestro gobierno se acelerará la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica y solar. Se priorizará la producción de energía solar en la Guajira, en propiedad mixta con las comunidades wayúus, los trabajadores de la minería del carbón y los municipios productores. Se promoverá un plan un ambicioso de techos y granjas solares en las zonas con mayor exposición solar del país. Aprovecharemos las fuentes de energía por biomasa en diferentes regiones del país. Estimularemos la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución. Fomentaremos la generación de biogás asociado a proyectos agropecuarios y de aprovechamiento de residuos sólidos. En las Zonas No Interconectadas implementaremos proyectos comunitarios de generación de energía eléctrica con fuentes renovables basadas en los potenciales disponibles en cada región, brindado capacidades para su instalación, operación, distribución y mantenimiento. Revisaremos las condiciones de riesgo de las centrales hidroeléctricas existentes para proteger y reparar a las comunidades afectadas, atender los impactos sobre los ecosistemas naturales y recuperar gradual del ciclo hidrológico. No se construirán más hidroeléctricas de embalse.Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables y se fortalecerá el rol del estado en el despacho de energía eléctrica, con el fin de garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico del país asociados a la variabilidad y el cambio climático. Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares. La extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles se destinará al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitan una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético. Se avanzará en una transición progresiva de la matriz de movilidad terrestre (carga y pasajeros) y la industria, dependientes del diésel, hacia modos férreos y sistemas de producción con mayor eficiencia energética basados en energías limpias, todo lo cual se beneficiará de incentivos tributarios, disponibilidad de asistencia técnica para el mantenimiento y soporte de suministro de energía eléctrica e hidrógeno verde. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso. Exigiremos a las empresas mineras responsables de los pasivos ambientales la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas y fortaleceremos y haremos cumplir las cláusulas referentes al financiamiento de las acciones que conlleven al cierre apropiado de las explotaciones mineras.Protegeremos la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala quitándole el control a las mafias y garantizando el trabajo decente. Se brindará apoyo técnico y económico para transitar a modalidades sostenibles y/o a impulsar actividades agropecuarias, de turismo local o hacia nuevas oportunidades laborales con el modelo de producción de energías renovables. Se impulsará una reforma al actual código de minas y un ajuste institucional en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética, con perspectiva ambiental y social Se ampliará el conocimiento geológico de Colombia para la información de las reservas mineras con las que contamos, se avanzará en el ordenamiento minero y se fortalecerá el control sobre la exploración y explotación de minerales y materiales esenciales para la transición energética y el impulso a la economía productiva. Se revisarán y ajustarán los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa.

Pactos por la protección de nuestras selvas y bosques. Construiremos un gran pacto nacional de trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía, y el corredor biogeográfico del Pacífico. Daremos forma a acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración ecológica, protección y preservación de estos ecosistemas con base en procesos organizativos, propendiendo por la ampliación de territorios colectivos, titulación de predios y fortaleciendo las autoridades tradicionales y ancestrales. Reconoceremos las formas de vida propias de comunidades rurales en ecosistemas estratégicos y sus formas de producción ecológica y económica en estos entornos, así como el manejo ambiental propio. Se impulsará el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque y turismo de naturaleza bajo el liderazgo de organizaciones comunitarias. Estos acuerdos estarán encaminados a erradicar la deforestación, para lo cual se detendrá la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería, con especial énfasis en zonas de frontera agraria.Suelos para la vida. De manera inaplazable transformaremos áreas en conflictos por usos del suelo, en zonas forestales, agrícolas, agroecológicas y agrosilvopastoriles mediante procesos de reforestación, de suministro de agua, de reintroducción de especies nativas, de abono y recuperación de nuestros suelos para frenar la desertificación, la salinización, la erosión y la degradación de tierras. Impediremos la potrerización del territorio, la desecación de humedales y los monocultivos, para garantizar que las mejores tierras de Colombia produzcan alimentos para la gente. Promoveremos la agroecología y se prohibirá la utilización de sustancias toxicas de alto impacto que atentan contra la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad. En nuestro gobierno no habrá aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro tipo de sustancia que envenene nuestros campos.Gestión del riesgo para proteger la vida. Amparados en el principio de precaución declararemos y delimitaremos las zonas de riesgos en el contexto del cambio climático y crisis de la biodiversidad, como áreas de reserva y protección ambiental para evitar que sean ocupadas y continúe creciendo el número de familias en riesgo. Avanzaremos en la reducción de riesgos mediante la renaturalización de los cuerpos de agua, la recuperación y regeneración de áreas deterioradas a través de soluciones naturales que no profundicen ni generen nuevas vulnerabilidades.Reasentaremos a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo implementando procesos integrales de recuperación y protección de las áreas ocupadas y garantizando el traslado de las familias mediante diferentes modalidades que dignifiquen su calidad de vida, como la construcción de proyectos colectivos de vivienda que integren iniciativas productivas en zonas urbanas o retorno a lugares de origen con proyectos de vivienda dirigidos a promover el repoblamiento de municipios y la economía productiva de zonas rurales.Generación y democratización del conocimiento ambiental. Fortaleceremos la investigación en ciencias ambientales, promoviendo el trabajo creativo y colaborativo entre las comunidades, las Instituciones de Educación Superior, los Institutos de Investigación, el reconocimiento intercultural de los saberes tradicionales y ancestrales para conducir al país hacia una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza de cara a la crisis ambiental global. Garantizaremos el acceso universal y gratuito a la información ambiental, de riesgos y cambio climático para que las ciudadanías aumenten sus capacidades para ejercer su derecho constitucional a la participación. Garantías para las y los defensores y líderes ambientales. Garantizaremos la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos, y con apoyo de la institucionalidad. Además de proteger a las personas, se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionaran mecanismos expeditos para su resolución. Una sociedad que asegura el bienestar de los animales. En nuestro gobierno reconoceremos a los animales como seres sintientes, por lo tanto, promoveremos su trato digno, sentaremos las bases para hacer de nuestro país una sociedad libre de especismo y enfrentaremos con firmeza el tráfico de fauna silvestre. Impulsaremos la prohibición de todo tipo de espectáculos que involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las corridas de toros. No permitiremos el uso de escenarios ni recursos públicos para estos fines.

Ordenaremos el territorio alrededor del agua como el camino fundamental en la planeación para la vida, más allá de las lógicas del mercado que segregan y depredan nuestras regiones. Impulsaremos las actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza y en armonía con las prácticas culturales, los procesos organizativos comunitarios en función de la autonomía y la gobernanza ambiental del territorio.El agua, bien común y derecho fundamental. En la vía de armonizar la función ecológica con la prestación del servicio público en el marco de la seguridad y soberanía hídrica, protegeremos todos los complejos de páramo, los acuíferos y cuencas abastecedoras y garantizaremos el agua como derecho fundamental y bien común de acceso universal que permita brindar el mínimo vital a toda la población colombiana. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. En los centros urbanos impulsaremos sistemas de drenaje sostenible. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza. Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios.Democratización del acceso y uso del agua. Restableceremos el acceso equitativo al agua para los diversos usos, incluyendo las nuevas iniciativas de reactivación productiva del campo, bajo un esquema de gestión pública donde las cargas y beneficios no generen segregación ni privilegios. Se restablecerá el control ambiental de las cuencas hidrográficas destinadas a la generación de energía y proyectos mineros, por parte de las autoridades ambientales para garantizar la gobernanza del agua.Poder para la gente en las decisiones ambientales. En nuestro gobierno será de carácter vinculante la participación de la gente en las decisiones que tengan que ver con su territorio. Se respetarán las relaciones ecológicas y culturales que integran a las ciudades con el campo y la autonomía de los municipios en las decisiones de carácter regional. Respetaremos las consultas populares y las consultas previas informadas.Desde el gobierno nacional y con la activa participación del campesinado, los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, rrom y la población en general, se apoyará a los municipios en la actualización e implementación de sus instrumentos de planificación cuyo eje sea el respeto por el agua y la diversidad cultural, fomentando la revitalización de las economías locales y propendiendo por la adaptación al cambio climático.Sistema Nacional Ambiental en defensa de la vida. Promoveremos dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad con la obtención de dividendos por absorción de carbono. Buscaremos la financiación de la descarbonización de las economías que nos permita obtener compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y establecer una política tributaria justa y progresiva acudiendo al enfoque de justicia climática.Tendremos autoridades ambientales que cumplan con su misión constitucional, blindadas contra intereses políticos y corruptos, verdaderamente autónomas y con una jurisdicción basada en las cuencas hidrográficas. Se separarán las funciones de gestión ambiental y de autoridad para garantizar el efectivo control, seguimiento y sanción. Los estudios de impacto ambiental y de riesgos se asumirán directamente por parte de las autoridades correspondientes a costo del responsable del proyecto, para garantizar la objetiva aplicación del principio de precaución e imponer las medidas pertinentes para la protección de la naturaleza y la reducción de riesgos. Las autoridades indígenas y de comunidades afrodescendientes actuarán como autoridad ambiental en sus territorios respectivos. Se integrarán las institucionalidades ambientales, de gestión del riesgo de desastre, y de gestión de cambio climático. Mares y costas revitalizadas. Recuperaremos, protegeremos y revitalizaremos los mares y costas como territorios para la vida, reconociendo la diversidad biológica y cultural. Defenderemos los ecosistemas marinos y las áreas insulares, recuperaremos nuestras costas y playas como espacios públicos fundamentales para la adaptación al cambio climático. Transitaremos hacia una economía productiva que incluya una industria pesquera y turística protectora de la naturaleza y con alta participación de la economía popular, dejando atrás el modelo depredador que viene incrementando los riesgos asociados al cambio climático, contaminando y ocupando las playas, destruyendo manglares y arrecifes coralinos, desplazando la fauna marina y empobreciendo a pescadores y comunidades costeras.Ríos vivos y en su cauce. Garantizaremos la función ecológica y cultural de los ríos, para lo cual mantendremos y recuperaremos el espacio del rio y sus condiciones naturales, descontaminaremos sus aguas, restableceremos la conectividad hídrica con sus ciénegas o humedales y defenderemos su biodiversidad. Apoyaremos la pesca artesanal como expresión cultural y modo de vida de las poblaciones ribereñas. Rehabilitaremos la navegabilidad y la infraestructura fluvial con el propósito de fortalecer la productividad nacional, la actividad turística y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

Materializaremos el principio de centralidad de las víctimas para reparar los daños causados en las personas y sus territorios.Promoveremos las reformas institucionales y legislativas necesarias para garantizar el derecho a la reparación integral transformadora y subsanar la deuda que el Estado tiene con la sociedad en materia de restitución de tierras, estabilización socioeconómica, rehabilitación psico-social, el retorno o reubicación en clave soluciones duraderas, el acceso la vivienda digna y las garantías de no repetición. De la mano de los procesos organizativos y mesas de participación de víctimas se implementarán alternativas de reconocimiento a las víctimas de Estado. Garantizaremos la atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado en el exterior.Se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de restitución de tierras y se transformará la metodología de macro y micro focalización para avanzar de manera significativa en la restitución de tierras. Garantizaremos los recursos necesarios para ampliar y continuar con la política de atención y reparación integral a las víctimas. Construiremos una ruta diferenciada de trabajo para la atención y reparación a las víctimas en zonas donde el conflicto armado aún persiste. Avanzaremos en los componentes de la ley correspondientes a la reparación colectiva, rehabilitación psicosocial, retornos y reubicaciones, medidas de restitución y entrega de bienes para reparación provenientes de los victimarios. Fortaleceremos los PIRC (Plan Integral de Reparación Colectiva) de manera participativa y diferencial para asegurar que los elementos que condicionen su caracterización como colectivo sean reparados. Propiciaremos la continuidad de los Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad para exaltar medidas de reparación simbólica. Impulsaremos los actos de reparación simbólica y los procesos de memoria histórica como deber fundamental del Estado para la reparación integral a las víctimas para la no repetición de hechos victimizantes en un contexto de construcción de paz.Se fortalecerán e impulsarán el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Museo de Memoria de Colombia (MMC), como entidades que desarrollan procesos de memoria histórica y espacios de conocimiento de la historia y memoria del conflicto armado en nuestro país y en los territorios. Impulsaremos la articulación del CNMH y el Museo de Memoria de Colombia con los Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento de pueblos indígenas. Garantizaremos un enfoque de memoria local y regional, reconociendo las memorias vivas que alimentan la reflexión permanente sobre el pasado, el presente y el futuro del país desde la diferencia y la diversidad. Fomentaremos el retorno y la reubicación de las víctimas de desplazamiento forzado a sus lugares de origen con condiciones de seguridad y con planes de integración social y económica a largo plazo para que estas poblaciones puedan ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, se buscarán alternativas de acceso y garantía del derecho al territorio para las víctimas que se encuentran actualmente en condiciones de indignidad en las ciudades.Repararemos los impactos ecológicos y sociales que se han generado como resultado de los proyectos de “desarrollo”. Se generará una nueva institucionalidad encargada de documentar, analizar los casos, prevenir, atender y reparar a las víctimas del desarrollo. La población afectada por los impactos ambientales, sociales y culturales que se han generado como resultado de los proyectos de desarrollo (grandes obras infraestructura, carreteras, puertos, represas, minas, monocultivos, entre otros) será reparada, procurando la reconstrucción de las formas de vida rural y campesina que se han visto afectadas por estos fenómenos. Impulsaremos la participación integral de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas incentivando su capacidad de agencia, propiciando su transformación como sujetos políticos.

El enfoque del prohibicionismo en el tratamiento del problema global de las drogas le impuso a Colombia la guerra en torno a las economías ilegales de la de coca, amapola y cannabis. Esta guerra ha fracasado y el país necesita avanzar hacia un nuevo paradigma que concite la voluntad global y de América Latina hacia una agenda internacional concertada basada en los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental.Impulsaremos la sustitución de tierras y de economías para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva, dejen de ser perseguidos, fumigados y judicializados y se beneficien complementariamente de la regulación participando como propietarios de los nuevos encadenamientos productivos. Eliminaremos la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización. Se implementarán programas que garanticen ingresos seguros y dignos a la población rural, debilitando y eliminando la dependencia de esta de los capitales de la cocaína, a través de la sustitución del proceso productivo y comercial de la coca, que tendrán como base la democratización de la tierra, el crédito y el saber con permanente apoyo técnico para lograr mayor productividad y reinserción en económica del pequeño productor. Para ser competitivos los proyectos alternativos se deben dar con cultivos de alta rotación, agroindustria campesina asociativa, merma de peso y volumen que facilite el transporte, y garantía de mercado y precios mediante una ley de acceso de los productos alternativos a las grandes cadenas.Se impulsará la regulación de las plantas y sus usos derivados. Se investigarán los usos benéficos que pueden tener los productos derivados del cannabis y la hoja de coca, impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias para la economía nacional e internacional. Se potenciará el desarrollo de la agroindustria cannábica -como en la mayor parte del mundo- hacia su regulación.La producción y derivados del cannabis contará con un marco legal que privilegie los permisos y el acompañamiento técnico comercial para las familias productoras asegurando que en el mercado participen los pequeños propietarios y las cooperativas de productores y que en la comercialización se garantice una distribución segura para el consumidor y un importante recaudo de impuestos para el Estado. A su vez, se abrirán espacios en el comercio internacional con una variedad de productos derivados -medicinales, alimenticios y textiles. Buscaremos reorientar los esfuerzos de la cooperación internacional para que pasen del financiamiento destinado a la guerra antidrogas, al apoyo a las políticas y programas de transformación económica en las regiones más afectadas. Implementaremos una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño. Se pasará de la criminalización del consumo, al manejo como asunto de salud pública en el marco de lo cual se extenderán a todo el país entre otras, estrategias como la de los Centros de Atención Médica a Drogodependientes- CAMAD ejecutadas en la Bogotá Humana.

Construiremos y acordaremos la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, tal y como está establecido en el punto 2.2.4 del Acuerdo Final de Paz. Entre otros, esta política integrará la educación para la paz, la resolución alternativa de conflictos, el fortalecimiento y desarrollo de las Casas de la Cultura, los Centros Deportivos Territoriales, Museos regionales, Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento de pueblos indígenas en función del fomento de una cultura de paz, el reconocimiento de la diferencia cultural, la diversidad, el conocimiento de los pueblos y la construcción de un proyecto común de nación. Implementaremos un servicio social para la paz, involucrando masivamente a la juventud en la construcción de la paz y el impulso de los PDETS.Promoveremos nuevas narrativas, imaginarios y símbolos de integración, democracia y equidad para superar la estigmatización y el lenguaje del odio.La formación ciudadana en derechos humanos y democracia será pilar fundamental en nuestro quehacer gubernamental. Fortaleceremos las diversas ciudadanías como sujetos sociales y políticos en procura de consolidar una paz total. Promoveremos iniciativas ciudadanas de paz en todo el territorio colombiano, como experiencias de base para la construcción de confianzas y la materialización de la reconciliación.

En nuestro gobierno recuperaremos el tiempo perdido, cesará la violencia contra los firmantes de la paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional haremos realidad lo pactado en toda su extensión. En particular, el acuerdo sobre reforma rural integral será pilar central de nuestra propuesta de democratización de la tierra y por tanto entre otras medidas constituiremos el Fondo de Tierras, crearemos la jurisdicción agraria, avanzaremos en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural –POSPR, implementaremos el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia. Pondremos en marcha un Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la población rural. Crearemos diferentes instancias de gobernanza y su vínculo con varios programas para la lucha contra el hambre y la desnutrición.Sacaremos del entrampamiento burocrático y politiquero Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET para que las más de 32 mil iniciativas en los 170 municipios priorizados sean una realidad soportada en la participación real de las poblaciones, las víctimas, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros e indígenasArticularemos los instrumentos más efectivos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del ISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo) a la nueva política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeños productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas. Nuestro gobierno, respetará y creará las financieras, de seguridad y protección para que la CEV culmine su labor durante 2022 y su informe sobre la verdad pueda ser convertido en patrimonio de la nación y difundido sin barreras ni censuras. La JEP tendrá toda la colaboración para que la justicia transicional esté revestida de toda la confianza y se convierta en piedra angular del tránsito en Colombia hacia una era de paz. Entregaremos todo el apoyo necesario para que en Colombia encontremos a los desaparecidos y desaparecidas en motivo del conflicto y rodearemos a la Unidad de Búsqueda de Población Desaparecida-UBPD de las condiciones necesarias. En fin, nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido y los mandatos legales y constitucionales.Hacia un acuerdo de paz con el ELN: Crearemos las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad internacional, que recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC.Sometimiento judicial del multicrimen: Con el fin de desmantelar de manera pacífica y eficaz los grupos multicrimen, sucesores del paramilitarismo y articulados en su mayoría al narcotráfico, se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado. Con ellos se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre la base del desmonte de sus actividades, la obtención de verdad y la disposición de los recursos de sus actividades ilegales para la ejecución transparente de políticas públicas para la reparación y la garantía de derechos de toda la población. Se reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Fundamentaremos las relaciones internacionales en la creación de puentes para la paz, la lucha por la vida y contra el cambio climático y para detener la desaparición de la biodiversidad. Lo que establecerá ese lenguaje de unidad será el reto común que tiene ahora la humanidad de sortear la crisis climática, superar la guerra por lo que nuestra agenda internacional anudará esfuerzos e intereses alrededor del bienestar colectivo.Avanzaremos en el cumplimiento mutuo de los acuerdos logrados en las cumbres climáticas y el apoyo colectivo para la lucha contra el climático, donde Colombia jugará un papel protagónico por su posición como segundo país con más biodiversidad en el planeta, su rol como exportador de combustibles fósiles y su jurisdicción y soberanía sobre los océanos Pacífico y Atlántico y sus ecosistemas, su condición de país Amazónico y uno de los países con mayores reservas de agua dulce y bosque tropical en el mundo. Cooperaremos con otros países y organizaciones internacionales en materia de construcción y mantenimiento de la paz, en el fomento de la productividad, el conocimiento y cultura en armonía con la vida, en el desarrollo de alternativas a la economía fósil y en un camino efectivo y pacifico frente a las economías ilícitas. Seremos potencia mundial de la vida.Un servicio diplomático profesional y comprometido con la agenda de paz, el cambio climático y la protección de los nacionales en el exterior. Nuestra política exterior se sustentará en la lucha contra el cambio climático y superación de la crisis de la biodiversidad en el planeta, la lucha por la dignificación y el respeto de los derechos los más de 6 millones de colombianos en el mundo, la garantía de derechos a la población migrante en Colombia sin xenofobia ni discriminación y la consolidación de la paz en el continente americano. La unidad de los pueblos del sur de América, y el restablecimiento del Pacto Andino y del Caribe serán nuestra prioridad.El servicio diplomático del Estado con alto nivel profesional estará comprometido con la agenda internacional del país. Tendrá por principios el respeto el orden internacional y la no intervención en asuntos internos de otros países; el fortalecimiento de los lazos de cooperación con las demás naciones, en especial, a nivel regional con la CAN y a nivel global con la ONU, la UE, los EE.UU., los países de la cuenca del Pacífico, en especial China, Japón, Corea y los países del Sudeste Asiático. El impulso de la carrea diplomática, privilegiará el mérito y la experiencia de los funcionarios de carrera con una fórmula 50-50 que deberá respetarse en todos los destinos de la misión diplomática. Abogaremos porque todo colombiano y colombiana, sin importar su país de residencia, condición política, social y legal, sea tratado en igualdad de condiciones y tenga las mismas oportunidades que los nacionales del país en el que resida. Garantizaremos los derechos de los ciudadanos colombianos privados de la libertad en el exterior.De igual forma, la cancillería, como rectora de las relaciones exteriores del país no puede seguir al margen de las construcción y ejecución de políticas públicas, en todos los sectores de la administración pública nacional con implicaciones internacionales, por tanto, debe haber funcionarios de amplia experiencia de la carrera diplomática en los ministerios y universidades públicas del país. Acompañaremos la búsqueda de garantías para los derechos de los ciudadanos colombianos privados de la libertad en el exterior.Agenda regional y latinoamericana pactos internacionales, TLC, etc. Las fronteras con nuestros vecinos y hermanos serán lo que nos une y no lo que nos separa, por lo tanto, buscaremos confluir y crear una convivencia pacífica, armónica, cooperativa respetuosa de la vida, para hacer de las fronteras territorios de diversidad y prosperidad, y avanzar en agendas regionales de desarrollo capacidades y potencialidades regionales. Restableceremos y fortaleceremos el diálogo con nuestros vecinos en la perspectiva de favorecer la integración regional, la solución amigable de conflictos y de la crisis humanitaria, económica, social y de violencia en algunas de las zonas de frontera.Buscaremos articular en clave productiva y de apoyo mutuo las iniciativas existentes para garantizar dinámicas positivas de intercambio académico, investigativo, cultural, económico, de infraestructura y político. En ese sentido, se avanzará en una agenda latinoamericana contra la pobreza, la inequidad, la productividad y el cambio climático. Los TLC deben ser revisados y renegociados en clave de que sean justos y se conviertan en herramientas para estimular la productividad, combatir el cambio climático, desarrollar transferencias de conocimiento y crear nuevos puestos de trabajo.Impulsaremos el comercio exterior para que sea un dinamizador de los circuitos de producción interna y regional, la defensa de la soberanía alimentaria y el intercambio de conocimientos claves para el establecimiento de la sociedad del conocimiento. Será también una herramienta para el motor de las transiciones necesarias a favor de la protección de la vida a escala planetaria.Cerebros fugados. A toda esa Colombia que no veía futuro en el país, es hora que vean llamativo volver al lugar que los vio nacer y que con sus conocimientos se sumen a este enorme cambio que va a ocurrir. Con el impulso de la productividad basada en el conocimiento se abrirán las oportunidades para que todas esas personas vuelvan y sientan que es digno vivir en su tierra. Con ese propósito, estableceremos un programa de retorno de cerebros fugados al exterior, e iniciaremos un programa de doctorandos fuera del país financiado por el Estado.

Restauraremos el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad.Reforma a la justicia y a organismos de control. Promoveremos una reforma a la justicia que tenga como pilares: la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos. El mecanismo de elección del fiscal general igualmente debe estar basado en los méritos y la total independencia del gobierno de turno.Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales.Justicia restaurativa. La justicia restaurativa busca la humanización de las justicias transicional y retributiva, en la medida que, apuesta por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y la reintegración social de éstos. La cárcel no será más un espacio de violación de derechos, se convertirá en un espacio de resocialización. Asimismo, contribuye a la paz urbana de abajo hacia arriba, en una espiral ascendente-incluyente, que va desde el diálogo restaurativo entre víctima-victimario-comunidad, reparando las relaciones rotas, produciendo convivencia familiar y barrial, mejorando la seguridad ciudadana y por ende, aportando a la paz nacional urbana y rural.Ofreceremos servicios de justicia restaurativa en “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos. Proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes. Fortalecimiento de la carrera administrativa. Protegeremos la Función Pública, consolidando la carrera administrativa y eliminando la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de trabajo. Suprimiremos las nóminas paralelas, ejerceremos mejor control del talento humano y dignificaremos el servicio público. Eliminaremos la tercerización y la intermediación privadas en los aspectos administrativos, técnicos y financieros en tareas esenciales del Estado.Un sistema electoral para la nueva cultura democrática. El sistema electoral del Legislativo colombiano es censitario, difuso y caudillista. Proponemos reformar el sistema de elección del Congreso de la República, principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan; depurar, legitimar y fortalecer los partidos políticos, garantizar el financiamiento público y racional de las campañas electorales; la construcción de nuevos estímulos para participar activamente en los procesos electorales y lograr mayor representación. Impulsaremos la eliminación de la comisión de acusaciones. Impulsaremos la reforma de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos. Garantizaremos su independencia, la diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica de la nación sobre todo el sistema electoral con garantías efectivas de participación y veeduría ciudadana. Promoveremos la creación de un Tribunal Electoral que garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público y ofrezca seguridad y transparencia ante la ciudadanía.Participación democrática en los medios de comunicación estatales. Reformaremos a RTVC para asegurar su carácter institucional, popular e independiente para que sea la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor. Impulsaremos su independencia funcional, administrativa y financiera del Ministerio TIC. Promoveremos una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga parámetros similares a la ley de TV. Fortaleceremos los contenidos culturales y educativos, así como su infraestructura (física y equipos), presencia territorial (descentralización) y sus alianzas con orquestas sinfónicas y filarmónicas.Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas. Se fortalecerá la vigilancia efectiva a toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. Promoveremos una legislación de protección al denunciante de la corrupción.

Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, aspectos desarrollados a lo largo de este Programa. Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social. FFAA para una era de Paz. Consolidaremos el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos las personas, grupos y comunidades en todo el territorio nacional. La reforma progresiva de las FFAA debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman. La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional. El servicio militar dejará de ser obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia; todos los miembros de las FFAA accederán a la educación superior y más y mejor formación en DDHH, DIH y en diversas áreas del conocimiento. Ajustaremos la política de ascensos por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender. La institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno.Esta transformación incluye el ajuste en términos salariales y reconocimiento de pensión que reconozca la profesionalización en condiciones dignas y justas. Se revisará la asignación y distribución del presupuesto, los procesos de contratación y los mecanismos de gastos reservados. Igualmente se fortalecerán los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional. Impulsaremos la eliminación del fuero penal militar. Asimismo, prevendremos y castigaremos con severidad la violencia de género al interior de las FFAA y, en general, contra las mujeres de nuestra sociedad. Una Policía civil para la vida y la seguridad humana. El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.La reestructuración de la Policía Nacional debe contar con una amplia participación ciudadana que recoja tanto las experiencias como las propuestas, las particularidades de los territorios y la manera de enfrentar la corrupción al interior de la institución con un alto componente de veeduría ciudadana permanente en todas y cada una de sus actuaciones.La nueva Policía garantizará la convivencia y seguridad humanas, no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares, ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales, como cargar maletas o hacer mercados.Políticas de protección y fortalecimiento de líderes sociales y movilización social. Una política de protección implica rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo que ponga en el centro de las preocupaciones del territorio la conservación de la vida de sus lideres y sus comunidades, desde sus prácticas ancestrales de protección y cuidado, también acorde a las lógicas territoriales que las experticias comunitarias han desarrollado para garantizar protección. Se reestructurará la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que su principal objetivo sea la previsión y prevención de los ataques a los hombres y mujeres líderes sociales, atienda y enfrente las amenazas que viven, supere las vulnerabilidades y aumente sus capacidades para que no haya condiciones de riesgo en su ejercicio de liderazgo. Se estructurará un sistema de monitoreo y atención a represalias por denuncias y procesos de exigibilidad de derechos, con medidas específicas para casos de empresas y de instituciones del Estado.Instalaremos y fortaleceremos las Mesas Territoriales de Garantías como espacio de interlocución permanente entre sociedad civil y autoridades, y de seguimiento a las dinámicas de las organizaciones y conductas objeto del Decreto-Ley 154 de 2017.Crearemos el Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, basadas en estrategias de diálogo intercultural, que posibiliten el mutuo reconocimiento de la diferencia y legitimidad para garantizar protección efectiva de acuerdo a los propósitos trazados en la política pública.El respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Brindaremos todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos en particular los territoriales y ambientales, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y en general al conjunto de derechos humanos individuales y colectivos. Protegeremos la diversidad religiosa y de culto. En nuestro gobierno garantizaremos a todas las ciudadanías las condiciones para el ejercicio de la igualdad y la libertad de culto según sus opciones religiosas y espirituales. Toda política pública relativa a la igualdad y libertad religiosa estará armonizada con la Constitución Política y la ley.

Democracia y progreso económico para una sociedad en paz. Democratizaremos las oportunidades de progreso económico territorial. Avanzaremos hacia la construcción de una descentralización del modelo económico territorial, de tal manera que contribuya a la transición energética, combata el cambio climático, asegure la soberanía alimentaria, garantice el derecho a la participación social en la construcción de las políticas públicas, promueva la equidad social y el cambio estructural, mediante la vivencia de la autonomía socio-comunitaria territorial. Promoveremos las reformas necesarias para retomar la senda de la descentralización con equidad en las que los territorios reciban las transferencias por derecho propio y aquellos territorios que más tienen deben contribuir más y quienes menos tienen deben recibir más.Gobernanza territorial para la vida. Construiremos por primera vez un sistema de ordenamiento y gobernanza territorial integral, democrático e intercultural que reconozca a quienes nunca han tenido voz ni han podido participar en las decisiones que los afectan, a través del diálogo y el reconocimiento de las diferencias culturales y las desigualdades regionales tanto urbanas como rurales. Un eje central de esta transformación, estará dirigido a impulsar una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento integral de protección del territorio, entendiendo el territorio como un ser viviente desde una perspectiva biocultural que se nutre de las tradiciones, los saberes ancestrales y el conocimiento de los pueblos originarios, negros y campesinos, respetando la gobernanza y la autonomía de cada pueblo. Esta LOOT deberá incluir y garantizar, entre otros temas, el fortalecimiento y articulación de los resguardos y entidades territoriales indígenas, los consejos comunitarios mayores (Ley 70/93) y las territorialidades campesinas.

Hacia la equidad y la progresividad: El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, pues las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas; el impuesto a la renta no genera redistribución de la concentración del ingreso, manteniendo el índice Gini casi inalterado, y los niveles de evasión y elusión tributarios son muy elevados en el contexto internacional, de acuerdo con organismos internacionales como el FMI. Expertos calculan que a causa de los beneficios tributarios se dejan de percibir cerca de un 3.5% del PIB al año: 2.5% en el caso de personas jurídicas y 1.0% en el de personas naturales, concentrado en las personas más ricas del país, incluyendo el impacto negativo de la última reforma tributaria de 2019. Este gasto tributario se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas exentas y en los descuentos tributarios. Una reforma estructural sin privilegios y para enfrentar la lucha contra el cambio climático. Promoveremos una reforma, pensada no sólo para afrontar la coyuntura sino para resolver los problemas de raíz que tiene el sistema en la vía de poner a Colombia de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE, con justicia tributaria, que acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente entre sectores económicos, tipos de rentas o fuentes de ingresos, que permita financiar la garantía de los derechos fundamentales y que desestimule el modelo extractivista y sus graves impactos ambientales.Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. Es decir, avanzaremos en la reducción de la brecha entre la Tarifa Nominal de Tributación y la Tarifa Efectiva de Tributación.Eliminaremos las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferencialesA pagar por dividendos: Los dividendos pagarán impuestos, será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70%. Siempre deberán pagar impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o a quien distribuyan las utilidades los accionistas. Las normas penales por evasión deben ser más contundentes, no se debe eliminar la cárcel efectiva solo por el hecho de aceptar el delito y comprometerse con el pago de los tributos evadidos, eso incentiva el delito.Quienes reciben recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales: Nadie que reciba recursos del Estado podrá tener cuentas en los denominados paraísos fiscales. Se propenderá por obligar a los denominados paraísos fiscales a suministrar información automática de los nacionales, so pena de prohibirse cualquier tipo de transacción con ellos.Lucha contra la evasión: Estableceremos políticas efectivas contra la evasión en la vía recomendada por la OCDE, mediante una exacción fiscal más estricta, herramientas de auditoría tributaria mejoradas e incrementando las penalidades. Justicia tributaria urbana: En relación con la tributación urbana Además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo, el transporte eléctrico, las ciclo rutas y los tramos a pie en distancias cortas. Protección de los alimentos y la salud: No extenderemos el IVA a la canasta familiar e impulsaremos impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas y a consolidar una visión de protección de la vida. Se aumentará el espacio fiscal del país cerca de 5,5 puntos del PIB anuales adicionales, lo que permitirá garantizar parte de la financiación del plan de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Esto se logrará a partir de una serie de medidas de política entre las que se encuentran, el recaudo esperado a partir del aumento del recaudo por cuenta de la progresividad en los impuestos, el desmonte de beneficios tributarios y las políticas contra la evasión y la elusión de la reforma tributaria integral planteada; las consecuentes reasignaciones presupuestales y los recursos liberados mediante la reforma pensional ya descrita.

En nuestro gobierno, lideraremos una política de hábitat, vivienda y servicios públicos ordenada alrededor del agua que permita superar la profunda desigualdad, la primacía del negocio sobre los derechos, la gestión local y comunitaria y la protección de la naturaleza bajo un nuevo marco regulatorio que dinamice una relación virtuosa entre Estado, agentes de mercado y sociedad en la que las comunidades participen efectivamente a través de procesos asociativos y alianzas público-populares. Las políticas públicas reconocerán la construcción social del territorio y la necesidad de producir hábitat integral en todos los espacios, urbanos, de centros poblados y rurales y avanzaremos en particular en una política pública de vivienda social que permita remontar la desigualdad y exclusión de los habitantes rurales y de la ciudad informal. Toda esta transformación debe hacerse de la mano con el ajuste normativo a las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial para enfocar la reorganización territorial del país alrededor del agua, permitiendo autonomía, articulación y financiamiento a los territorios, incluidos los del campesinado y los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas. Esto implica la democratización del espacio urbano y rural ya explicado en la transición hacia una economía productiva.Vivienda digna: Promoveremos los procesos asociativos, autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. Se fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de reasentamientos, titulación de predios y mejoramiento de vivienda y de barrios, desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos públicos.Se impulsará el programa nacional de mejoramiento barrial comunitario, como mecanismo de regularización urbanística o legalización de barrios y del mejoramiento integral de barrios. Se impulsará el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía del derecho a la vivienda, al mismo tiempo que se promoverán los proyectos intersectoriales de mejoramiento integral de asentamientos humanos con salud, ambiente, cultura, etc. La promoción de hábitat verde será una prioridad en todo el territorio nacional, como apuesta por la producción de oxígeno y sumideros naturales de gas carbono. La política de vivienda adoptará una reglamentación que promueva proyectos de construcción a partir de los materiales del lugar, que implementen ahorros de energía y agua, y gestión de residuos orientada al aprovechamiento, así como el uso de tecnologías como paneles solares y tecnologías limpias para el saneamiento, con propuestas innovadoras adecuadas a los hábitos y costumbres de los hogares, así como a las condiciones ambientales y paisajísticas de las zonas. La reglamentación de la Vivienda de interés social y Vivienda de Interés prioritario tendrá que ser revisada a ajustada a través del Reglamento técnico mínimo obligatorio sobre la VIS y VIP. Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.La democratización del crédito permitirá el acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales complementadas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda popular. Estableceremos facilidades para el acceso a locales en arrendamiento para emprendimientos de la economía popular. Para la vivienda no popular se promoverán sistemas de crédito hipotecario que permitan a las familias adquirir vivienda en plazos y tasas acordes con el ingreso familiar.Por la vía de las alianzas público-populares con organizaciones sociales y comunitarias en los territorios, se impulsará un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal, adecuada culturalmente a las realidades regionales que considere la construcción vernácula, resolviendo problemas estructurales de orden regulatorio, financiero, técnico y operativo.Desarrollaremos una política pública de arrendamiento con una gama de alternativas que incluya la construcción de equipamiento estatal, construcción y/o ampliación de vivienda usada para alquiler, combinación de incentivos de crédito y subsidio bajo modelos conduzcan a que las personas se puedan convertir a mediano plazo en propietarios.Agua y Saneamiento básica, derechos y protección de la vida: Asumimos el agua como derecho fundamental y en esa medida garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza. Los botaderos a cielo abierto serán prohibidos, y se minimizará la tecnología de disposición final hacia tecnologías de aprovechamiento, para lo cual se actualizarán los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El servicio público domiciliario de aseo se reglamentará de manera que las organizaciones de recicladores debidamente identificados y registrados por las Entidades Territoriales, puedan ser operadores del servicio de aprovechamiento. Para lo cual las entidades territoriales dotarán de infraestructuras de bodegas y parques tecnológicos en los POT. Es necesaria la modificación de la ley 142 de servicios públicos para ampliar la participación de organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios públicos bajo parámetros regulados de calidad y capacidad técnica.